En nuestro blog oficial, publicamos una noticia al respecto:
En la ciudad de Córdoba la cantidad de pasajeros del transporte urbano va creciendo día a día. Según datos que la misma municipalidad entregó meses atrás, se cortaban unos 16 millones de boletos por mes, que multiplicándolo por $1.50(costo del cospel) nos da $240 millones al año; cifra nada despreciable si además tenemos en cuenta los subsidios millonarios que entrega Nación.
Por otro lado, a una familia con 3 hijos que van a la escuela, para trasladarse tiene un costo (tomando solo un colectivo) de $300 al mes, o sea $3600 al año; tres sueldos medios ($1200) por un servicio más que deficiente.
Además, debemos tener en cuenta que el pago del transporte urbano se hace por adelantado; o sea, realizamos un pago por adelantado, por un servicio en el mejor de los casos deficiente y en el peor, directamente, no se brinda por que “el bondi no pasa”. La masificación de la tarjeta aumentó notablemente el rendimiento de la cobranza y por lo tanto disminuyó costos, pero esto no se vio reflejado en un sistema digno de transporte y sí en el beneficio de los empresarios, quienes mientras más plata ven, más plata quieren.
El transporte urbano es esencial para los sectores más vulnerables de la sociedad (trabajadores, desocupados, estudiantes, etc.) ya que permite trasladarse desde la periferia de la ciudad, a las zonas de mayor concentración comercial y administrativas para desarrollar cualquier actividad, sobre todo trabajar.
Las promesas sobre nuevas unidades se repiten gobierno tras gobierno; por ejemplo, Juez prometió 350 unidades que jamás llegaron y la plata quedó en el camino.
Giacomino prometió una gran mejora en el sistema después del cospelazo (que fue aprobado en medio de una gran represión) y hasta ahora no hay noticias de esos cambios.
Mientras los distintos niveles gubernamentales hacen promesas astronómicas (Tren Bala, subterráneos, ferro urbanos) los vecinos solo pedimos un sistema digno de transporte.
El transporte no puede estar en manos privadas ya que es una herramienta estratégica para la ciudad, la cual sin transporte se paraliza o su desarrollo territorial se condiciona.
Está claro que los corredores más rentables no los tiene el estado, y que estos son planteados con un criterio empresarial y no con un criterio social, sumado a que no existe ningún control por parte del estado, el resultado esta a la vista: un sistema de transporte desastroso.
No solo esto es lo preocupante, sino lo que se viene; conjuntamente con el aumento del boleto, se aprobó una ordenanza que permite al Concejo Deliberante revisar las tarifas de transporte cada 4 meses (el último aumento fue en Mayo) y sabemos que la intención de los empresarios y la municipalidad era, en aquel momento, llevar el boleto a $1,60.
Hay algo acá que no esta funcionando como debería.
El sistema de transporte debería ser estatal, pero sabemos que solo con esto no alcanza. No con estos gobiernos que ven en cada servicio que se presta desde el estado un negocio. Es necesario un control efectivo por parte de los vecinos y usuarios.
El campo popular esta atrapado entre el fuego cruzado del gobierno por la necesidad de mantener el modelo como único medio de cumplir con los pagos de deuda externa, la subvenciones a las patronales del transporte, la energía y los servicios, el déficit energético (producto de las privatizaciones) y para una caja que sirve a su política de cooptaciones y política punteril, estrechado filas con el sector industrial y bancario (Techint, Grupo Rocca, Perez Companc, Banco Macro), y por otro lado los intereses de la patronal agroexportadora, de los pooles de siembra y de los monopolios productores de agroquímicos y herbicidas (Monzanto, Cargill, Grobocopatel, Aceitera General Deheza) que con su política de sojizacion llevan al país a la destrucción de sus suelos, a la expulsión de pequeños productores de las tierra, al aumento y la especulación inmobiliaria lo que significará mayores precios para los alimentos (ya que a mayor sojización y de un precio mayor para la tierra y los insumos, menor rendimiento del resto de los cultivos).
El discurso presidencial con su resolución de destino social a las retenciones que vayan mas allá del 35 % es una salida desesperada por lograr mejorar una imagen tremendamente deteriorada en los sectores populares ya cansados de la disputa de las patronales agropecuarias y el gobierno. Antes de esta situación al gobierno poco le ha interesado el aumento de la población indigente a casi a un millon 500 mil argentinos que sumados a la población con ingresos por debajo de la canasta familiar asciende a 4 millones de personas, datos que se vieron reflejados en las imágenes de miles de desocupados que en el norte del país fueron reprimidos por sus protestas.
Pero este modelo ha entrado en crisis, la inflación deteriora los salarios. Las economías provinciales y municipales acrecientan sus déficits. La deuda externa ya supera la que teníamos al final del gobierno de De la Rua (2001), llegando a los 144.7 mil millones de dólares, y el pago de sus intereses exige 15.000 millones de dólares anuales y la crisis mundial ha cerrado todos los canales de crédito internacional para Argentina.
Ante esta situación muchas organizaciones del campo popular han tomado posiciones por uno u otro sector ya sea porque se agitan fantasmas del pasado acusando al “campo” de golpista, o aprovechando la movilización del campo so pretexto de apoyar a los pequeños productores. Pero lamentablemente no se ha aprovechado la coyuntura para la discusión de temas como la nacionalización del comercio exterior, de las grandes concentraciones de tierras, el apoyo a la cooperativización de la pequeña propiedad, el poblamiento del campo, garantizando en primer lugar la alimentación de todos los argentinos dentro de una matriz agropecuaria de soberanía alimentaria.
Mas allá de las carencias que tenemos en el campo popular y que deberemos resolver con la construcción de una alternativa política, el panorama futuro se presentará conflictivo y cambiante ya que el gobierno está obligado a resolver mucho más que el nivel de las retenciones. Este conflicto ha desnudado una crisis mucho mas profunda del modelo económico que surgió a partir de la crisis del 2001 y el gobierno de Duhalde. Este modelo ubica a nuestro país en el rol de productor y exportador de soja, algo de trigo maíz, y petróleo (hasta la última gota). Los superávits comerciales de estas exportaciones están dirigidos al pago de la deuda externa y a subvencionar el funcionamiento de la economía.
Nuestras tareas frente a esta situación es pelear por nuevos convenios laborales ya que los firmados a principio de año han quedado totalmente desfasados por la inflación galopante. Impulsar la movilización de los sectores del campo que siguen siendo desalojados de sus tierras por el avance de la sojización. Movilización contra todos los tarifazos.
Hoy más que nunca se hace imprescindible la construcción de una herramienta política que no tenga la necesidad de colgarse de la agenda impuesta por el gobierno o los sectores de poder para desarrollar su política. Una herramienta que pelee por los intereses del campo popular y propongan en ese sentido.
Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo
Últimos comentarios